sábado, 29 de enero de 2011

EL DESPIDO MÁS CRUEL

Samuel Alonso está  apunto de cumplir 27 años.  En agosto de 2008 los médicos le diagnostican un cáncer hematológico. En octubre comienza con las sesiones de quimioterapia y por lo tanto, Samuel coge la baja laboral en la empresa de ambulancias donde trabajaba. Tan sólo cuatro meses después le despiden, su jefe le dice "no vales, ya no me eres rentable".

En marzo de 2009 Samuel recibe la última sesión de quimioterapia y en julio las pruebas médicas verifican que lo ha superado. No han pasado ni doce meses, pero Samuel está sin trabajo.

Ahora, dos años después de su despido, una sentencia de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declara nulo el despido de Samuel por trato discriminatorio. El colectivo de abogados laboralistas de la carta obrera en Gran Canaria y los miembros del comité de trabajadores de la empresa donde trabajaba Samuel celebraron ayer esta sentencia innovadora y progresista a nivel nacional.

Es la primera sentencia en España que anula el despido de un trabajador por cáncer. La sentencia condena a la empresa a la inmediata readmisión del perjudicado con el abono de los salarios dejados de percibir. Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Joaquín Sagaseta, abogado laboralista, espera que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no acepte ese recurso, pues "se transmitiría a los trabajadores el temor a poder acogerse a su derecho a estar de baja laboral".


SIN PRECEDENTES
"Es una sentencia valiente y muy novedosa, que sienta jurisprudencia y afecta a uno de los despidos más crueles que se puedan producir en la vida laboral: despedir a trabajadores por la circunstancia de estar enfermos". Éstas fueron las primeras palabras de Joaquín Sagaseta para hablar de una sentencia de gran trascendencia que definió como "muy congruente con la realidad social y que viene a cortarle el paso a una práctica habitual que parece mentira que sea verdad".

La sentencia hace referencia a algo tan obvio como tres derechos fundamentales recogidos por la Constitución Española: el derecho al trabajo, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la integridad física en el trabajo.

Sagaseta considera que estamos "ante un capítulo que pasará a la historia en el movimiento obrero".


"COMETIÓ LA DESLEALTAD CON SU EMPRESA DE CONTRAER CÁNCER"
No es el único caso, los abogados laboralistas recordaron que otra trabajadora de la misma empresa fue despedida por varias bajas en distintos años y por sufrir un accidente. Sagaseta asegura que "los empleados comienzan a tener miedo a coger bajas por enfermedad porque podrían dar lugar a despidos, y que él mismo conoce a trabajadores que conducen guaguas con 39 grados de fiebre para no perder el puesto de trabajo".

Ahora que se ha ganado esta primera batalla, Samuel dice sentirse defendido y protegido, y por supuesto, feliz de que se haya hecho justicia. Esto marca un precedente y Samuel apunta que "le han dado un buen bofetón a su empresa, que nunca le llamó para interesarse por su estado de salud".

Apoyando a Samuel ha estado siempre su padre, Antonio Alonso, que dijo que no se ha cansado de luchar por la dignidad de su hijo. Antonio añadió que "algo le ha marcado en el corazón". Cuando Samuel estaba en el quinto ciclo de la quimioterapia recibió en su casa mediante burofax la carta de despido. Recuerda emocionado que "me miro y me dijo: tanta lucha y tanta quimioterapia para luchar por la vida y ahora me despiden. No tengo ganas de seguir viviendo. A un padre se le parte el alma al escuchar eso".

martes, 11 de enero de 2011

Actos de locura

Ayer fui a mi primer juicio del 2011, aunque no ha sido la primera cita del año con los juzgados. La semana pasada en medio de la euforia de las compras y regalos de Reyes nos pilló por sorpresa uno de los casos que más seguiremos los periodistas este año.

JOSÉ MIGUEL SUÁREZ GIL Y JOSEFINA NAVARRETE
Tres días después de que presuntamente encañonara a su todavía esposa y una de las letradas más reconocidas de Canarias, el viernes 7 de enero el empresario Suárez Gil pasaba a disposición judicial ante el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la mujer número dos de Las Palmas de Gran Canaria.

El juez Luis Ocaña lo envió a prisión "provisional, comunicada y sin fianza" y le imputó un delito de amenazas, otro de tenencia ilícita de armas y dos de detención ilegal. Por el primer delito podría cumplir hasta dos años de cárcel, por el segundo hasta un año pues la Policía Nacional encontró en el chalet del matrimonio 21 armas de fuego, todas supuestamente propiedad del empresario y la Ley sólo permite poseer un máximo de seis.

Según la acusación particular, por retener a su esposa podría pasar entre 4 y 6 años en prisión, mientras que por el segundo delito de detención ilegal, que se refiere a la amiga de Josefina que estaba con ella en la casa, podrían castigarle con una pena de entre 11 meses y 3 años de cárcel.

El magistrado desestimó los cargos de violencia de género. Al término de la jornada, Josefina Navarrete hizo unas pequeñas declaraciones a los medios de comunicación. Primero dio las gracias a los periodistas que estuvimos pacientemente haciendo un seguimiento de la noticia, desde las 9 de la mañana hasta las 16:30 de la tarde en los Juzgados de Granadera Canaria, para saber si el juez decretaba el ingreso en prisión preventiva o ponía a Suárez Gil en libertad.  Acto seguido dijo sentirse una mujer privilegiada, por estar viva y por tener los medios para defenderse. Dio las gracias a su amiga, pues fue quien corrió para avisar a la policía con una llamada de teléfono aunque en la casa también se encontraba un sobrino del empresario. Alabó la brillante actuación policial y apuntó que ha comprobado que una circunstancia así puede darse en cualquier momento y lugar. Independientemente del nivel socio-cultural y sin necesidad de un conflicto previo.

PADRE CORAJE
Miguel Ángel Almeida Martín, un vecino de Arucas, ya es conocido entre los medios de comunicación como el padre coraje. Ayer se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Las Palmas por un delito de intento de homicidio.

El verano de 2005 un vecino de su barrio violó a su hija. Los días después a la denuncia fueron un infierno para ambas familias. El juez prohibió al entonces supuesto violador que se acercara o comunicara con su víctima o familiares. Pero no lo cumplió y siguió viviendo en su casa. Durante unos días hubo intercambios de insultos entre el violador y el padre, hasta que éste último bajo un arrebato le asestó una puñalada.

Después de este altercado se celebró el juicio por la agresión sexual y el hombre apuñalado fue condenado a cinco años de prisión. Este lunes, ya en libertad, el violador volvió a los juzgados pero esta vez como víctima para volver a verse las caras con el padre que lo apuñaló.

El padre y ahora acusado de intento de homicidio declaró estar arrepentido y que no quería hacerle daño, sólo asustarle enseñándole el cuchillo para que se apartase de su familia, pero asegura que se volvió loco.

Por eso, la defensa solicita la libre absolución porque considera que su defendido se encontraba en un estado de enajenación transitoria por el disgusto que tenía al ver que el violador de su hija estaba quebrantando la orden de alejamiento.

Sin embargo, la Fiscalía solicita tres años de cárcel, pero más dura aún es la pena de la acusación particular que pide 14 años de prisión.

Un verdadero drama para un padre resignado a cumplir la pena que le impongan y que no vive en paz porque el agresor sexual de su hija está de nuevo en la calle y sabe que ella tampoco vive tranquila porque se siente responsable de los actos que ahora podrían llevar a su padre a prisión.